Fieles a los principios de transparencia y conducta ética en el
quehacer político, Iván Cepeda Castro y Dubán Vélez Mejía, candidatos a las
elecciones parlamentarias para el periodo 2014 – 2018, suscribimos este
conjunto de compromisos como hoja de ruta de nuestra labor legislativa y de
control político en el Congreso de la República, una vez seamos elegidos. Nos
comprometemos con nuestros electores a trabajar incansablemente y con
eficiencia, así como a presentar rendición de cuentas de manera periódica sobre
los siguientes puntos:
1. Frente Amplio por la Paz y compromiso con los movimientos sociales:
Promoveremos la creación del Frente Amplio por la Paz con justicia
social con vocación de poder, que articule a los sectores populares y los
movimientos de izquierda, con el objetivo de transformar el país hacia la plena
vigencia de los derechos humanos, la democracia y la soberanía nacional.
Asimismo, a apoyar los procesos de formación de jóvenes que representen nuevos liderazgos de izquierda.
Nos comprometemos, en toda circunstancia, a acompañar las luchas de los
movimientos sociales, a desarrollar acciones de protección de quienes los
lideran e integran, y a visitar constantemente a las comunidades en sus
regiones y territorios.
2. Paz estable y duradera:
Buscaremos y contribuiremos a todo lo que signifique disminuir y acabar
la guerra en Colombia, y construir la paz estable y duradera. Trabajaremos por
los acuerdos de paz con las Farc y con el ELN, y buscaremos -mediante acciones
humanitarias- la disminución de los efectos destructivos del conflicto armado.
Apoyaremos la objeción de conciencia para empuñar las armas mediante la
presentación de un proyecto de ley, y abogaremos por la disminución del
presupuesto militar y el pie de fuerza de ejército y policía. Defenderemos los
derechos de los miembros rasos en la Fuerza Pública. Buscaremos ante la
comunidad internacional posibilidades para reestructurar la deuda externa como
una contribución para liberar recursos que financien la implementación de los
acuerdos de paz, y propondremos la creación de un nuevo impuesto para la paz a
los patrimonios más altos. Contribuiremos a la refrendación e implementación de
los eventuales acuerdos de terminación del conflicto armado.
3. Derechos de las víctimas y derechos humanos:
Promoveremos los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a
la reparación integral y a las garantías de no repetición. Para tal fin,
trabajaremos para el fortalecimiento y cumplimiento de las políticas públicas
existentes y la creación de unas nuevas, acompañando a las víctimas en la
reclamación de sus derechos y la reconstrucción del tejido social.
Contribuiremos al reconocimiento por el estado del genocidio contra la Unión
Patriótica y la reparación política de este movimiento.
Defenderemos los derechos humanos en todas sus expresiones desde el
Congreso, por medio de su promoción dentro de la agenda legislativa, el control
político y las audiencias públicas. Denunciaremos y demandaremos normas o
decisiones públicas que afecten los derechos fundamentales. Impulsaremos una
verdadera reforma de la justicia y una revisión del papel de la Procuraduría
General de la Nación. Ejerceremos observación sobre la situación de las
cárceles del país y propondremos iniciativas para resolver los problemas que
afectan a miles de personas internas.
4. Reforma agraria democrática y defensa de la territorialidad
campesina y étnica:
Impulsaremos, junto con los movimientos sociales y campesinos, una
política rural que incluya una reforma agraria integral que asegure la
distribución equitativa de la tierra, impida su concentración y avance hacia un
modelo de desarrollo alternativo, armónico con la naturaleza, que garantice la
permanencia de las comunidades rurales en los territorios, el acceso a bienes
públicos y su autodeterminación. Lucharemos por la recuperación de la tierra
despojada a las víctimas y al Estado por distintos métodos, y por que se hagan
respetar las leyes agrarias. Apoyaremos la creación de asociaciones campesinas
autónomas, las reivindicaciones por la soberanía alimentaria y el derecho al
agua. Defenderemos, como hasta ahora, a comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes a través del control político y el trabajo constante en su
defensa.
5. Reforma política:
Buscaremos una reforma política que otorgue garantías para la
participación democrática de los movimientos sociales, de las minorías
vulnerables y de los pueblos excluidos, que incluya una mayor democratización
de los medios de comunicación. Como parte de este compromiso, dedicaremos
esfuerzos para la creación del estatuto de la oposición y de una verdadera
reforma del sistema electoral. Apoyaremos la movilización social y nos
opondremos a todo intento de criminalizar y atacar líderes sociales y
populares.
6. Defensa de la soberanía nacional y cambio de la política antidrogas:
Defenderemos la soberanía nacional y los recursos naturales frente a
las actividades ejercidas por las trasnacionales del sector minero y
energético, y frente a la destrucción del aparato productivo por los tratados
de libre comercio (TLC) y la ausencia de políticas industriales. En este
sentido, insistiremos en la necesidad de adoptar una política de transformación
productiva, y trabajaremos por un ordenamiento territorial acorde con la vocación
del uso del suelo y la autonomía territorial. Formularemos propuestas para
lograr cambios estructurales en la actual política antidrogas que afecta
el ambiente, la biodiversidad y las
comunidades, y que ha fracasado generando un altísimo costo en vidas humanas.
La nueva política que planteamos debe contener procesos de sustitución
voluntaria de cultivos mediante programas integrales de desarrollo rural y
asumir el consumo como un problema de salud pública.
7. Política contra todas las formas de corrupción y en defensa de la
equidad:
Lucharemos contra todas las formas de corrupción, mafia, parapolítica y
paraeconomía. Nos comprometemos a ejercer control político y a denunciar ante
la justicia y ante los órganos de control a los funcionarios, particulares,
empresas o instituciones que violen los derechos humanos, roben los recursos de
los colombianos o socaven la soberanía nacional. Lucharemos por un sistema
tributario y un esquema de gasto público progresivo: los que más tienen deben
ser los que más contribuyan y los que más necesitan los que más reciban,
defendiendo la prioridad en la generación de empleo sobre la política
asistencial. Daremos ejemplo de trasparencia y austeridad en nuestras
actuaciones, donaremos parte de nuestros ingresos a las organizaciones de
víctimas y de derechos humanos.
8. Derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI:
Nos comprometemos a trabajar para construir una sociedad libre de
violencias y discriminación hacia las mujeres, con igualdad de oportunidades,
en donde se reconozca la autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas, así como su
capacidad para el ejercicio del poder en el espacio público y privado.
Promoveremos una agenda legislativa que reconozca los derechos de la comunidad
LGBTI, garantizando la diversidad sexual y el matrimonio igualitario.
Igualmente, que considere mecanismos para fomentar, educar y orientar a la
población sobre el respeto de los derechos sexuales y reproductivos.
9. Derechos de los niños y jóvenes, derecho a la educación:
Actuaremos para garantizar los derechos de niños y jóvenes, y su
protección contra la violencia y contra toda forma de maltrato o sometimiento.
Desde esta perspectiva, abogaremos por el derecho a la educación con cobertura
universal y de alta calidad para todos los niños y jóvenes en Colombia. Haremos
lo necesario para buscar convertir en ley de la República el proyecto para la
educación superior de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, que busca
transferir recursos invertidos en la guerra a la formación universitaria, y que
dispone: “El Estado colombiano debe asumir la total responsabilidad de la
financiación del Sistema de Educación Superior Estatal”.
10. Defensa del derecho a la salud, al empleo y a la vivienda dignos:
Trabajaremos por la adopción de un modelo de salud con enfoque
preventivo y aseguramiento público, que rescate a los hospitales públicos de la
quiebra y no discrimine a los ciudadanos por su situación económica. Buscaremos
la aprobación de un Estatuto del Trabajo que recupere la figura del contrato de
trabajo con plenas garantías, restrinja la tercerización y tenga en cuenta los
derechos y la protección social de todos los trabajadores y no solamente de los
formales, incluido el acceso a una pensión digna. Defenderemos iniciativas por
una política de vivienda con un enfoque de oferta pública, participativo, y que
no se limite a entregar casas en zonas periféricas e inadecuadas, con prioridad
en la población más excluida. Haremos control político contra los abusos de EPS
y farmacéuticas, contra las formas de explotación laborales, y la inoperancia y
los mecanismos de exclusión en la política de vivienda.
Firman en Medellín,
Iván
Cepeda Castro.
Dubán Vélez Mejía.
Dubán Vélez Mejía.
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